Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que les niega la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de madres que están de manera irregular en Estados Unidos, a aquellos cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, y niños cuyas madres tienen visa de residencia temporal.

Dentro de este extenso grupo se encuentran hijos de inmigrantes sin documentos, estudiantes o investigadores que llevan años en Estados Unidos, e incluso descendientes de personas en situación legal que han sido contratados por empresas o instituciones internacionales. Estos reciben visas temporales de trabajo, en algunos casos durante muchos años, lo que les permite vivir de forma regularizada a largo plazo en el país.

Adriana Penagos, una pedagoga que vive en Estados Unidos desde hace siete años y medio, vino desde México tras enamorarse del que ahora es su marido y padre de su hijo. “Vine aquí de forma legal para crear una familia estable con la persona que quiero. Mi marido trabaja desde hace años en un organismo internacional en Washington D.C., y venir aquí era la única opción si queríamos apostar por nuestra relación”.

El trabajo de su marido les otorga una visa diplomática familiar que permite vivir de forma legal en Estados Unidos mientras dure el trabajo del titular de la visa. Al ser empleado con contrato laboral indefinido, se plantearon una estancia a largo plazo. Por ello, al año de llegar al país tuvieron a Santiago, ahora de 6 años.

Pero la orden de Trump pone en peligro el derecho a la ciudadanía de su hijo, a pesar de haber nacido y vivido en Estados Unidos desde que nació, y cumplir los requisitos legales. “Me sentiría fatal si la nueva orden le afectara”, se preocupa Adriana. “Yo renuncié a todo para venir, como un buen empleo, mi familia, un tipo de vida distinto y mi red de apoyo. Sería una pena que mi hijo, tras toda una vida aquí de forma legal y siendo en estos momentos ciudadano estadounidense, no pueda quedarse. La medida es muy injusta”.

¿Un derecho recogido en la Constitución?

La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la Enmienda 14 en la Constitución estadounidense, que establece que "todas las personas nacidas" en el país "son ciudadanos de Estados Unidos", sin mencionar el estado migratorio de sus padres.

Este estatus legal es el mismo que aplican unos 30 países de todo el mundo, entre los que se encuentran Uruguay, Canadá, Brasil o Pakistán. Es una medida que garantiza que todas las personas nacidas en un mismo país tengan acceso a derechos fundamentales como salud, educación y protección legal.

“Esta orden es un ataque a la Constitución de Estados Unidos”, advierte Linda Chávez, investigadora sénior del Foro Nacional de Inmigración de Estados Unidos, a TRT Español, una experta, que en el año 2000 fue reconocida por la Biblioteca del Congreso como “Leyenda viviente” debido a sus contribuciones al legado cultural e histórico de Estados Unidos.

“Durante 150 años el derecho a la ciudadanía ha sido garantizado para todas las personas nacidas en suelo estadounidense, independientemente del estatus legal de sus padres”, apunta Chávez. “La historia de los Estados Unidos se ha caracterizado por ampliar los derechos a cada vez más personas, no por quitarlos. Esta orden es mezquina, intolerante y amenaza la idea misma de lo que significa ser estadounidense”.

Aunque no se ha especificado si esta orden afectará de forma retroactiva a niños ya nacidos con antelación, las agencias gubernamentales ya no expedirán documentos de ciudadanía a quienes se encuentran bajo las nuevas premisas.

Desafíos legales

Las reacciones en contra de la orden no se han hecho esperar. Dieciocho fiscales generales estatales y una serie de grupos de derechos de los inmigrantes han iniciado acciones legales contra Trump. La primera demanda fue presentada en Nueva Hampshire por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y grupos de defensa de derechos de personas inmigrantes, alegando que la administración Trump vulnera la Constitución.

"La orden viola directamente la cláusula de ciudadanía" de la Enmienda 14, "así como el estatuto de ciudadanía por derecho de nacimiento, y debería prohibirse", señala la denuncia.

En este momento hay al menos cinco demandas presentadas en conjunto por 22 estados. Las denuncias interpuestas por los estados de Washington, Arizona, Oregon e Illinois ya han obtenido respuesta de un juez, que restringió durante unos días la posibilidad de hacer cumplir o implementar la orden de Trump a nivel nacional. La batalla judicial no ha hecho más que empezar.

Voces a favor

Pero no todos están en contra. Parte de la población piensa que la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense es anticuada y que ahora son necesarias medidas más estrictas para ser reconocido como ciudadano por nacimiento.

“Yo vengo de una familia de inmigrantes y entiendo el valor del progreso y esfuerzo que hay detrás de quien ha salido de su país”, dice a TRT Español Noel Emmons Corral, directora comercial de una empresa de Cirugía Reconstructiva de Miami.

Ella es estadounidense de segunda generación nacida en California y con abuelos españoles y mexicanos. “Ninguna de las personas de mi familia que llegaron aquí lo hicieron de forma ilegal. Por eso no estoy a favor de que se obtenga la ciudadanía por nacimiento de forma automática”, señala.

Para Noel, la ley aborda un mal mayor.

“Esta ley que acaba de firmar Trump está creada para afrontar muchos desafíos, como el turismo organizado para tener hijos en Estados Unidos. Gente rica que viene de otros países, como Rusia o Argentina, y se garantizan la ciudadanía de sus hijos, lo cual para mí, no está bien”.

Y subraya que a la ley, hay que respetarla. “Se habla mucho de meritocracia pero estamos regalando cosas como la ciudadanía”, advierte. “Esta para mí no es un derecho, sino un privilegio”.

Una circunstancia complicada que, con base en distintas interpretaciones de la Constitución, podría poner en peligro no solo la situación legal de los nacidos en Estados Unidos, sino también la misma aplicación de la ley.